A más de un año de la implementación de la Ley de Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de Pensiones Alimenticias, que estableció el rol persecutor del Estado en materia de patrimonio del deudor de pensiones alimenticias, hasta el mes de octubre del año en curso a nivel nacional se han recaudado montos por pensiones adeudas superiores a los 588 mil millones de pesos.
Así lo destacaron seremis de la Mujer y Equidad de Género, Fabiola Gallardo; y de Justicia y Derechos Humanos, Tomás Garay, quienes detallaron que la legislación impulsada por el Presidente Gabriel Boric, que inició su implementación en mayo del año 2023, estableció además dos mecanismos que permiten garantizar el pago de lo adeudado a través de cuentas bancarias, instrumentos financieros y/o fondos de pensiones.
Las autoridades regionales informaron que hasta el mes de octubre del año 2024, los tribunales de familia han ordenado el pago de más de $1 billón 360 mil millones de pesos a través de los mecanismos que establece la ley. Asimismo, se han pagado más de $588.275 millones, casi el doble de lo pagado al mes de mayo.
En esta línea, el seremi de Justicia y Derechos Humanos de Atacama, Tomás Garay valoró positivamente estos avances, precisando “estamos celebramos dos años del inicio de un cambio cultural que se produce junto a la implementación de esta Ley que ha beneficiado a miles de mujeres, quienes hoy cuentan con un acompañamiento del Estado, que se moderniza avanzando con una mirada y enfoque de género en un tema sensible y prioritario para ellas y sus familias como son las pensiones alimenticias. Con estas políticas públicas contribuimos a generar mejores condiciones de vida para las mujeres junto a sus hijas e hijos. Esperamos continuar fortaleciendo los mecanismos para el pago efectivo de las pensiones impagas para que estos recursos puedan seguir llegando a los hogares que en su mayoría lideran jefas de hogar. Y, como nos instruyó nuestro Presidente, en derechos de las mujeres no podemos retroceder, solo podemos avanzar”.
En este contexto, añadieron que tanto los mecanismos de pago como las sanciones establecidas en la ley han contribuido a que, al mes de noviembre, se hayan realizado más de 106 mil cancelaciones de inscripciones de deudores que figuraban inscritos en el registro, que en su mayoría se deben a que han pagado su deuda o llegado a un acuerdo de pago completo y suficiente aprobado por los tribunales.
